Crítica a la reunión norteamericana 

contra el “terrorismo de izquierda”. 

Neomacartismo con negocios de espionaje y represión

Fernando Buen Abad Domínguez 

    Esa reunión promovida por la barbarie que gobierna al pueblo estadounidense, bajo la consigna de combatir el llamado “terrorismo de izquierda”, merece un examen que trascienda el repertorio propagandístico con el que suele legitimarse la expansión de los dispositivos represivos contemporáneos. Toda categoría empleada para identificar amenazas adquiere relevancia científica únicamente cuando puede demostrar consistencia conceptual, verificabilidad empírica y coherencia histórica. La expresión utilizada en esa convocatoria carece de tales exigencias. Funciona como un significante político de contornos móviles que permite reunir bajo una misma sospecha fenómenos sociales, movimientos populares, organizaciones sindicales, experiencias comunitarias, intelectuales críticos, plataformas de solidaridad internacional y expresiones de protesta cuya diversidad histórica impide cualquier reducción simplificadora.

    Esa reunión contra el “terrorismo de izquierda” es hija de la anorexia intelectual de las derechas. Su plan es emprender un negocio multinacional y multimillonario para comerciar con el espionaje, la persecución y la represión. Una emboscada ideológica para reclutar sirvientes. Nuestra experiencia en el siglo XX ofrece antecedentes suficientes para comprender la lógica de semejantes operaciones. El macartismo no constituyó exclusivamente una persecución ideológica. Representó una reorganización del poder estatal articulada con intereses corporativos, industrias militares, aparatos de inteligencia, conglomerados mediáticos y sectores empresariales que encontraron en la producción sistemática del enemigo un mecanismo extraordinariamente rentable para disciplinar el trabajo, controlar la circulación de ideas y fortalecer mercados vinculados con la seguridad. 

    En la convocatoria imperial reciente se reproducen componentes esenciales de aquella gramática histórica mediante instrumentos tecnológicos mucho más sofisticados. Plataformas digitales, sistemas de vigilancia algorítmica, inteligencia artificial aplicada al monitoreo poblacional, bases masivas de datos biométricos y contratos multimillonarios con empresas privadas configuran una economía política de la seguridad cuya expansión requiere amenazas permanentes. Cada nueva categoría criminal amplía presupuestos, multiplica licitaciones, justifica desarrollos tecnológicos y fortalece complejos industriales especializados en vigilancia, ciberseguridad, armamento y administración penitenciaria. El miedo deja de constituir únicamente una emoción colectiva para transformarse en una fuerza productiva generadora de ganancias extraordinarias.

    Michel Foucault describió la transición hacia formas capilares de vigilancia; Shoshana Zuboff analizó el capitalismo de la supervisión digital; Cedric Robinson explicó la persistencia de jerarquías estructurales inscritas en la acumulación capitalista; Giovanni Arrighi vinculó las transformaciones geopolíticas con ciclos de expansión económica; Immanuel Wallerstein mostró la articulación desigual del sistema mundial. Cada una de esas contribuciones permite comprender que la criminalización de determinadas identidades políticas responde menos a necesidades jurídicas objetivas que a mecanismos de represión de conflictos sociales derivados de rebeldías económicas profundas.

    Y la historia demuestra que los momentos de mayor concentración de riqueza suelen coincidir con intensificaciones represivas dirigidas contra organizaciones populares. Eric Hobsbawm observó que las luchas sociales modifican continuamente la arquitectura institucional de los Estados; E. P. Thompson explicó cómo la formación histórica de las clases constituye un proceso conflictivo atravesado por experiencias compartidas; Rosa Luxemburgo subrayó que la vitalidad democrática depende de la participación efectiva de las mayorías trabajadoras; Antonio Gramsci desarrolló la noción de hegemonía para explicar la construcción cultural del consenso alrededor de intereses particulares presentados como universales. 

    Tales elaboraciones permiten advertir que la estigmatización de las izquierdas procura fracturar la conciencia colectiva de quienes producen la riqueza social mediante el trabajo. La lucha de clases no desaparece porque determinados discursos oficiales decidan invisibilizarla. Continúa manifestándose en la distribución desigual del ingreso, en la apropiación privada del excedente económico, en la precarización laboral, en la mercantilización creciente de derechos fundamentales y en la subordinación de políticas públicas a exigencias financieras globales. Cada intento por presentar los conflictos sociales exclusivamente como problemas de seguridad desplaza deliberadamente las causas materiales que originan las tensiones colectivas. 

    Ese desplazamiento conceptual erosiona principios elementales del respeto por la especie humana. Toda sociedad comprometida con la dignidad humana reconoce que los conflictos políticos requieren deliberación pública, justicia social, ampliación de derechos y fortalecimiento de mecanismos participativos. La criminalización preventiva reemplaza esas exigencias por sospechas permanentes, vigilancia continua y expansión de facultades excepcionales cuya normalización termina debilitando garantías constitucionales construidas tras largas luchas históricas.

    Con la retórica contemporánea contra el llamado “terrorismo de izquierda”, participa de un neomacartismo adaptado a condiciones tecnológicas, económicas y geopolíticas del siglo XXI. La diferencia principal radica en la magnitud de los recursos disponibles para clasificar poblaciones, procesar información y expandir mercados represivos transnacionales. Empresas privadas, agencias estatales, consultoras estratégicas, plataformas digitales y corporaciones militares integran redes económicas cuya rentabilidad aumenta conforme crece la percepción pública de amenazas difusas. La defensa de la vida democrática exige examinar críticamente esa convergencia de intereses, distinguir entre violencia criminal y disidencia política legítima, proteger las libertades colectivas y fortalecer una conciencia social capaz de reconocer que toda clasificación ideológica utilizada para justificar persecuciones termina debilitando los fundamentos éticos de cualquier proyecto verdaderamente humano.

 

Hacia un diagnóstico semiótico sobre la dependencia tecnológica digital y contra los procesos electorales con sus riesgos políticos

Fernando Buen Abad Domínguez 

Nuestra dependencia tecnológica “digital”, sobre los procesos electorales, constituye uno de los riesgos más singulares de las democracias burguesas contemporáneas y las relaciones entre poder, conocimiento y acumulación capitalista. No se trata de una ingenua innovación administrativa destinada a optimizar el progreso de procedimientos de votación. Se trata de una mutación histórica que reorganiza la producción de legitimidad política mediante infraestructuras privadas capaces de administrar información, modelar percepciones colectivas y condicionar los ritmos de la deliberación pública. La cuestión decisiva no consiste en determinar la eficiencia de los sistemas digitales, sino en establecer quién posee el dominio efectivo sobre las condiciones materiales que hacen posible el ejercicio de la soberanía democrática.

Toda tecnología representa trabajo social acumulado, inteligencia colectiva objetivada y relaciones históricas cristalizadas en artefactos cuya apariencia neutral oculta intereses o determinaciones económicas, jurídicas y culturales. La racionalidad técnica jamás existe separada de la racionalidad de los negocios que la producen y financian. Cada arquitectura informática incorpora decisiones relativas a clasificación, jerarquización, exclusión, predicción y administración de incertidumbres. Sus algoritmos no descubren una realidad previamente dada; construyen regímenes específicos de visibilidad donde ciertos acontecimientos adquieren centralidad mientras otros desaparecen de la percepción pública. 

Conocimiento automatizado y ejercicio del poder convergen entonces en una misma estructura hegemónica. La concentración tecnológica alcanzó un grado desconocido durante etapas anteriores del desarrollo capitalista. Infraestructuras estratégicas para la comunicación política, extractivismo, almacenamiento y espionaje de datos, inteligencia artificial, computación distribuida y circulación global de información permanecen bajo influencia predominante de corporaciones como Alphabet, Meta Platforms, Amazon, Microsoft, Apple, Oracle, Cloudflare, Cisco Systems, Palantir Technologies, además de desarrolladores de inteligencia artificial como OpenAI, Anthropic y xAI. Todas ellas constituyen por sí mismas una amenaza real o potencial contra la democracia. El problema histórico emerge cuando funciones esenciales de la vida pública dependen de infraestructuras cuya gobernanza responde prioritariamente a intereses corporativos mercantiles antes que al control democrático participativo.

Toda concentración monopólica de tecnologías modifica la naturaleza misma de la lucha por la hegemonía. Producción material y producción simbólica se funden para integrarse en un mismo circuito de vigilancia y control donde datos, atención, comportamiento y anticipación probabilística adquieren condición de mercancías amenazantes. Su capitalismo tecnológico no persigue exclusivamente beneficios derivados de la comercialización de servicios digitales; procura también monopolizar condiciones de guerra cognitiva mediante las cuales sociedades enteras ven desfigurada su propia realidad. La apropiación privada de capacidades cognitivas colectivas inaugura una modalidad inédita de acumulación fundada sobre la extracción permanente de información producida por millones de personas durante actividades ordinarias. Y los publicistas o propagandistas de la política burguesa hacen pingües negocios. 

Lo que Shoshana Zuboff denomina capitalismo de vigilancia adquiere relevancia política cuando la extracción masiva de datos permite intervenir sobre conductas electorales mediante mecanismos de secuestro, malversación, predicción y modulación conductual. Srnicek piensa que las plataformas digitales dejaron de actuar únicamente como intermediarias para convertirse en infraestructuras indispensables de manipulación económica y comunicacional. David Harvey entiende que la apropiación monopólica de datos constituye una modalidad contemporánea de secuestro y desposesión. Por su cuenta, Castells ve que el poder circula hoy mediante redes capaces de reorganizar simultáneamente economía, cultura y política. Y Morozov, desde su mirada generacional, advierte que cierta fascinación tecnológica convierte problemas históricos en desafíos aparentemente resolubles mediante aplicaciones informáticas, desplazando deliberadamente conflictos sociales hacia soluciones técnicas incapaces de transformar sus causas. Gato por liebre.

Muchos procesos electorales quedan incorporados a esa arquitectura mediante dispositivos cuyo funcionamiento depende crecientemente de sistemas automatizados de identificación, transmisión, almacenamiento, autentificación y circulación informativa. Episodios asociados con Cambridge Analytica demostraron que la explotación intensiva de datos personales puede integrarse con estrategias sofisticadas de segmentación política capaces de erosionar la transparencia deliberativa guardando las apariencias, escondiendo las tranzas de mecanismos institucionales. Así, la manipulación deja entonces de consistir exclusivamente en falsificación de resultados para desplazarse hacia configuración anticipada de preferencias mediante administración diferencial de información. Desfiguran la voluntad democrática de los pueblos.

Entonces la conciencia de clase enfrenta obstáculos cualitativamente nuevos. Una personalización algorítmica fragmenta la experiencia compartida, sustituye espacio público por universos perceptivos paralelos y dificulta el reconocimiento de intereses comunes entre sectores sometidos a condiciones de explotación similares. Es una cosificación que alcanza aquí cierta intensidad superior debido a que sujetos aparecen reducidos a perfiles estadísticos manipulados, susceptibles de clasificación comercial y administración política. Y los resultados no coinciden con lo que se vota. Las relaciones humanas adoptan forma de datos intercambiables mientras sus decisiones colectivas resultan traducidas a variables optimizables mediante modelos matemáticos cuya complejidad dificulta la comprensión social. Esconder la manipulación a la vista de todos.

Walter Benjamin dijo que algunas transformaciones técnicas modifican la estructura misma de la experiencia histórica. Y Gramsci comprendió que la hegemonía requiere dirección intelectual además del predominio económico. György Lukács pensó que la cosificación convierte relaciones históricas en objetividades aparentemente naturales. Todas esas intuiciones, y otras muchas, adquieren actualidad extraordinaria cuando la dictadura del algoritmo reemplaza progresivamente la autoridad del razonamiento público y cuando la opacidad tecnológica naturaliza relaciones de dominación inscritas en diseños computacionales. Otros expertos permiten reconocer que las crisis contemporáneas revuelven, combinan y confunden ciertas dimensiones económicas, políticas y culturales que les convienen dentro de un mismo proceso de desestabilización y subordinación, y discuten hasta qué punto nuevas formas de monopolios tecnológicos modifican estructuras clásicas del Estado con la acumulación capitalista empeñada en no cancelar contradicciones fundamentales entre trabajo y capital.

Hoy la democracia exige, por ello, mucho más que innovación tecnológica. Exige transparentar el financiamiento de la política y todas sus herramientas materiales y conceptuales. Exige apropiación y participación social del conocimiento, soberanía sobre infraestructuras estratégicas, auditoría pública permanente, transparencia integral de procedimientos críticos, desarrollo científico autónomo y formación ciudadana capaz de comprender fundamentos materiales del ecosistema digital. De no ser así, la libertad política perderá todo sentido colectivo para asfixiarse en los hedores de la corrupción electoral ahora, también, digitalizada.  Y la inteligencia colectiva se desconocerá a sí misma, victimada por los mecanismos mediante los cuales se produce la falsificación de su propia representación. Una emancipación democrática solamente adquiere consistencia allí donde se ejerce dominio consciente sobre fuerzas productivas del conocimiento y se impide que el poder tecnológico y todas sus emboscadas permanezcan separados de la comunidad que lo crea, lo financia y le confiere legitimidad histórica.