Crítica a la reunión norteamericana
contra el “terrorismo de izquierda”.
Neomacartismo con negocios de espionaje y represión
Fernando Buen Abad Domínguez
Esa reunión promovida por la barbarie que gobierna al pueblo estadounidense, bajo la consigna de combatir el llamado “terrorismo de izquierda”, merece un examen que trascienda el repertorio propagandístico con el que suele legitimarse la expansión de los dispositivos represivos contemporáneos. Toda categoría empleada para identificar amenazas adquiere relevancia científica únicamente cuando puede demostrar consistencia conceptual, verificabilidad empírica y coherencia histórica. La expresión utilizada en esa convocatoria carece de tales exigencias. Funciona como un significante político de contornos móviles que permite reunir bajo una misma sospecha fenómenos sociales, movimientos populares, organizaciones sindicales, experiencias comunitarias, intelectuales críticos, plataformas de solidaridad internacional y expresiones de protesta cuya diversidad histórica impide cualquier reducción simplificadora.
Esa reunión contra el “terrorismo de izquierda” es hija de la anorexia intelectual de las derechas. Su plan es emprender un negocio multinacional y multimillonario para comerciar con el espionaje, la persecución y la represión. Una emboscada ideológica para reclutar sirvientes. Nuestra experiencia en el siglo XX ofrece antecedentes suficientes para comprender la lógica de semejantes operaciones. El macartismo no constituyó exclusivamente una persecución ideológica. Representó una reorganización del poder estatal articulada con intereses corporativos, industrias militares, aparatos de inteligencia, conglomerados mediáticos y sectores empresariales que encontraron en la producción sistemática del enemigo un mecanismo extraordinariamente rentable para disciplinar el trabajo, controlar la circulación de ideas y fortalecer mercados vinculados con la seguridad.
En la convocatoria imperial reciente se reproducen componentes esenciales de aquella gramática histórica mediante instrumentos tecnológicos mucho más sofisticados. Plataformas digitales, sistemas de vigilancia algorítmica, inteligencia artificial aplicada al monitoreo poblacional, bases masivas de datos biométricos y contratos multimillonarios con empresas privadas configuran una economía política de la seguridad cuya expansión requiere amenazas permanentes. Cada nueva categoría criminal amplía presupuestos, multiplica licitaciones, justifica desarrollos tecnológicos y fortalece complejos industriales especializados en vigilancia, ciberseguridad, armamento y administración penitenciaria. El miedo deja de constituir únicamente una emoción colectiva para transformarse en una fuerza productiva generadora de ganancias extraordinarias.
Michel Foucault describió la transición hacia formas capilares de vigilancia; Shoshana Zuboff analizó el capitalismo de la supervisión digital; Cedric Robinson explicó la persistencia de jerarquías estructurales inscritas en la acumulación capitalista; Giovanni Arrighi vinculó las transformaciones geopolíticas con ciclos de expansión económica; Immanuel Wallerstein mostró la articulación desigual del sistema mundial. Cada una de esas contribuciones permite comprender que la criminalización de determinadas identidades políticas responde menos a necesidades jurídicas objetivas que a mecanismos de represión de conflictos sociales derivados de rebeldías económicas profundas.
Y la historia demuestra que los momentos de mayor concentración de riqueza suelen coincidir con intensificaciones represivas dirigidas contra organizaciones populares. Eric Hobsbawm observó que las luchas sociales modifican continuamente la arquitectura institucional de los Estados; E. P. Thompson explicó cómo la formación histórica de las clases constituye un proceso conflictivo atravesado por experiencias compartidas; Rosa Luxemburgo subrayó que la vitalidad democrática depende de la participación efectiva de las mayorías trabajadoras; Antonio Gramsci desarrolló la noción de hegemonía para explicar la construcción cultural del consenso alrededor de intereses particulares presentados como universales.
Tales elaboraciones permiten advertir que la estigmatización de las izquierdas procura fracturar la conciencia colectiva de quienes producen la riqueza social mediante el trabajo. La lucha de clases no desaparece porque determinados discursos oficiales decidan invisibilizarla. Continúa manifestándose en la distribución desigual del ingreso, en la apropiación privada del excedente económico, en la precarización laboral, en la mercantilización creciente de derechos fundamentales y en la subordinación de políticas públicas a exigencias financieras globales. Cada intento por presentar los conflictos sociales exclusivamente como problemas de seguridad desplaza deliberadamente las causas materiales que originan las tensiones colectivas.
Ese desplazamiento conceptual erosiona principios elementales del respeto por la especie humana. Toda sociedad comprometida con la dignidad humana reconoce que los conflictos políticos requieren deliberación pública, justicia social, ampliación de derechos y fortalecimiento de mecanismos participativos. La criminalización preventiva reemplaza esas exigencias por sospechas permanentes, vigilancia continua y expansión de facultades excepcionales cuya normalización termina debilitando garantías constitucionales construidas tras largas luchas históricas.
Con la retórica contemporánea contra el llamado “terrorismo de izquierda”, participa de un neomacartismo adaptado a condiciones tecnológicas, económicas y geopolíticas del siglo XXI. La diferencia principal radica en la magnitud de los recursos disponibles para clasificar poblaciones, procesar información y expandir mercados represivos transnacionales. Empresas privadas, agencias estatales, consultoras estratégicas, plataformas digitales y corporaciones militares integran redes económicas cuya rentabilidad aumenta conforme crece la percepción pública de amenazas difusas. La defensa de la vida democrática exige examinar críticamente esa convergencia de intereses, distinguir entre violencia criminal y disidencia política legítima, proteger las libertades colectivas y fortalecer una conciencia social capaz de reconocer que toda clasificación ideológica utilizada para justificar persecuciones termina debilitando los fundamentos éticos de cualquier proyecto verdaderamente humano.
